La difamación, es decir, la divulgación deliberada de información incorrecta que difama el honor, la dignidad, la reputación comercial de una persona física o jurídica, fue excluida de la lista de delitos penales el año pasado. Esto sucedió a la luz de la tendencia general a mitigar los castigos por delitos no relacionados con la categoría de grave y especialmente grave. Por difamación, solo se impuso una sanción administrativa en forma de multa, además, de un monto muy insignificante.
La práctica ha demostrado que la medida relacionada con la calumnia es errónea. Ahora, cualquier calumniador prácticamente podría insultar y difamar a cualquier persona con impunidad, incluso a través de los medios de comunicación e Internet. Por lo tanto, la calumnia ha sido reconocida recientemente como un delito penal. Es cierto que no es castigada con prisión, pero habrá que pagar grandes multas por ella, cuyo monto, dependiendo de la gravedad del delito, puede alcanzar los 5 millones de rublos.
Al mismo tiempo, se aprobaron enmiendas a la legislación actual sobre la creación de un registro de sitios web prohibidos. Según estas enmiendas, en Rusia crearán un sistema de información automatizado (un registro único de nombres de dominio, direcciones de red de sitios que contienen información prohibida). Esta responsabilidad será asignada a un organismo especial autorizado del Gobierno de la Federación de Rusia. La formación y mantenimiento de este registro se llevará a cabo de acuerdo con los resultados del monitoreo de Internet. Cualquier organización registrada en la Federación de Rusia y que posea las capacidades técnicas necesarias puede participar en el monitoreo.
Actualmente, la ley establece que este monitoreo se llevará a cabo en tres áreas principales: buscar sitios que promuevan la pornografía infantil, difundir información sobre la compra o fabricación de drogas y dar instrucciones para la implementación del suicidio. Pero es posible que los poderes de la autoridad supervisora se amplíen, incluso por la posibilidad de llevar ante la justicia a quienes difunden difamaciones en Internet.
Mientras tanto, un ciudadano o una entidad legal que cree que la información difundida en relación con él es falsa, difamatoria, dañando su honor, dignidad y reputación comercial, sigue presentando una queja ante el tribunal de primera instancia. Dichos casos son considerados por el tribunal en la ubicación del acusado.
